La ley de Chipre (en griego : Κυπριακό Δίκαιο) es un sistema legal que se aplica dentro de la República de Chipre. Aunque el derecho chipriota está ampliamente codificado, todavía se basa en gran medida en el derecho consuetudinario inglés en el sentido de que se aplica el principio fundamental del precedente.
La mayoría de los instrumentos y principios jurídicos contemporáneos se remontan a la legislación colonial promulgada por los británicos en el período entre 1878 y 1960. A diferencia del Reino Unido, el gobierno británico de Chipre promulgó numerosas codificaciones de los principios del common law, conocidos como capítulos. Estos Capítulos siguen vigentes hoy. Por ejemplo, mientras que en el Reino Unido las normas sobre responsabilidad civil se basan puramente en la jurisprudencia y el principio de negligencia tal como se expresa en Donoghue v Stephenson, Chipre tiene el Capítulo 148 que rige la gran mayoría de las reclamaciones de responsabilidad civil.
A pesar de las extensas codificaciones, la doctrina fundamental de los precedentes que se encuentran en el derecho consuetudinario todavía se aplica. Los tribunales de primera instancia están obligados a seguir la interpretación que da el Tribunal Supremo en las sentencias en las que establece la jurisprudencia. Dado que la mayor parte de la legislación vigente codifica los principios del common law, la jurisprudencia derivada de los tribunales del Reino Unido o incluso de otras jurisdicciones del Commonwealth sigue siendo una importante fuente de inspiración para los tribunales de Chipre. Sin embargo, desde 1960 los tribunales de la República han desarrollado una rica jurisprudencia propia, que se considera más autorizada y más adecuada a las características particulares de la sociedad local.
Debido a que la isla había estado bajo el dominio otomano entre 1570 y la llegada de los británicos en 1878, algunas de estas codificaciones incorporan principios del derecho otomano, principalmente en el campo del derecho de propiedad. A este respecto, la ley de propiedad en Chipre es única porque es una mezcla de varias influencias.
Después de la independencia de Chipre en 1960 y el establecimiento de la Constitución, otra influencia importante fue el derecho continental. En los campos del derecho público y administrativo, Chipre ha seguido el enfoque del derecho griego, que a su vez se basa en el derecho administrativo francés. Tanto en el fondo como en el procedimiento, el derecho administrativo de Chipre se basa en el ejemplo del Conseil d'état francés. En materia de derecho constitucional y administrativo, la Corte Suprema adopta el sistema inquisitivo que se encuentra en el derecho continental, mediante el cual el tribunal también contribuye a identificar las cuestiones de hecho y de derecho que deben ser atendidas durante el proceso.
La última novedad de la legislación chipriota ha sido la adhesión de Chipre a la Unión Europea, que ha provocado la armonización de los estatutos y la jurisprudencia chipriotas con el acervo comunitario y también ha introducido varios instrumentos jurídicos de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico chipriota.
El sistema legal de Chipre tiene una jerarquía establecida de reglas o normas legales por la cual ciertas reglas legales son jerárquicamente superiores a otras. Hasta la adhesión de Chipre a la Unión Europea, la Constitución era la norma jerárquicamente más alta del sistema legal. En la actualidad, de acuerdo con el artículo 1 (a) de la Constitución, la legislación de la UE es suprema sobre cualquier legislación nacional e incluso sobre la propia Constitución. Luego sigue la Constitución y luego las obligaciones del derecho internacional, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución. Siguen las leyes ordinarias, luego la secundaria y finalmente los actos administrativos o de ejecución.
Por tanto, las leyes aprobadas por el Parlamento deben respetar el Derecho de la Unión Europea, la Constitución y el Derecho internacional. Con este fin, la Corte Suprema tiene la capacidad de examinar la compatibilidad de cualquier ley aprobada por el Parlamento con las disposiciones constitucionales. Esto puede hacerse después de una remisión del Presidente de la República sobre la base del artículo 140 de la Constitución, o como parte de un reclamo de derecho administrativo en virtud del artículo 146. Además, si la cuestión de constitucionalidad de una disposición legislativa se plantea en procedimiento penal o civil ordinario, el tribunal de primera instancia competente también podrá examinarlo como cuestión secundaria derivada de dicho procedimiento.
El sistema judicial de Chipre solo tiene dos niveles. Aunque existen varias categorías de tribunales de primera instancia, solo hay una jurisdicción de apelación, que es la Corte Suprema.
La Corte Suprema está ubicada en la capital, Nicosia. Es el tribunal de apelaciones para asuntos penales y civiles, pero también tiene jurisdicción exclusiva en algunas áreas. Chipre tiene un sistema judicial de dos niveles, lo que significa que entre los tribunales de primera instancia y el tribunal supremo no existen recursos judiciales intermedios. Todas las apelaciones son atendidas por la Corte Suprema y es por eso que a menudo también se le conoce como la Corte de Apelaciones. Está compuesto por trece jueces, nombrados por el Presidente de la República de Chipre. El criterio oficial para ser nombrado miembro del tribunal es que la persona debe ser un 'jurista de alto nivel profesional y moral' sin mencionar que ya debe formar parte del poder judicial. No obstante, la gran mayoría de los jueces han sido elegidos del poder judicial ya existente, a sugerencia de todos los magistrados de la Corte Suprema, actuando en conjunto como el Consejo Judicial Supremo.
Más específicamente, la Corte Suprema es la primera instancia y también la corte de apelaciones, por lo que tiene jurisdicción exclusiva para disputas marítimas, disputas de derecho electoral y cuestiones de seguridad nacional. Hasta hace poco, el Tribunal Supremo también tenía jurisdicción exclusiva para todos los procedimientos de revisión judicial en el derecho administrativo chipriota. A partir de finales de 2015, se instituirá un tribunal administrativo especial de primera instancia para aliviar al Tribunal Supremo de la gran mayoría de los casos.
Los Tribunales de Distrito (Επαρχιακά Δικαστήρια) se ocupan de todos los casos civiles a nivel de primera instancia y también tienen competencia para pronunciarse sobre determinados casos de derecho penal. La jurisdicción del Tribunal abarca las disputas que surgen en el Distrito en el que se encuentra. Actualmente funcionan cuatro tribunales de distrito, uno en Nicosia (para los distritos de Nicosia y Kyrenia ), uno en Limassol, uno en Larnaca (para los distritos de Larnaca y Famagusta ) y uno en Paphos. Los Tribunales de Distrito tienen una División Civil y una División Criminal. En ambas divisiones, un solo juez conoce un caso. Sin embargo, la competencia penal de los Tribunales de Distrito es limitada: solo pueden imponer sanciones que cuentan hasta cinco años de prisión.
Los jueces de los tribunales de distrito tienen tres niveles de jerarquía: jueces de distrito, jueces superiores de distrito y presidentes de tribunales de distrito. Mientras que en la División de lo Penal no hay distinción en cuanto al nivel de juez que escuchará un caso específico, en la División de lo Civil, el nivel del juez que escuchará el caso depende del tamaño de la demanda, y solo los presidentes tienen jurisdicción. sobre reclamaciones que superen los quinientos mil euros.
En la Sala de lo Penal, los Tribunales de Distrito solo pueden conocer de los casos en los que el delito conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, el Fiscal General, como Fiscal de la República, tiene la facultad de presentar cualquier tipo de causa penal ante el Juzgado de Distrito o el Juzgado de lo Penal. Si el Fiscal General opta por presentar el caso en el Tribunal de Distrito en lugar del Tribunal de lo Penal, a pesar de ser por un delito que normalmente conlleva una pena superior a cinco años, la pena máxima que puede imponerse se reduce automáticamente a cinco años de prisión., debido a la limitada jurisdicción de la Sala de lo Penal del Juzgado de Distrito en cuanto a la máxima sanción que pueda imponer.
Los Tribunales de lo Penal (Κακουργιοδικεία) son Tribunales Penales compuestos por tres jueces, uno de los cuales debe ocupar el cargo de Presidente del Tribunal de Distrito y preside la sesión. Si bien, en teoría, los tribunales de lo penal tienen jurisdicción para pronunciarse sobre cualquier caso de derecho penal, desde delitos menores hasta asesinato, debido al hecho de que los tribunales de distrito se ocupan de la mayoría de los casos que conllevan una sanción máxima de cinco años de prisión, son principalmente los casos más graves los que son presentado en Assize Courts. Estos tribunales tienen la capacidad de imponer la más severa de todas las sentencias, la cadena perpetua.
No hay jurado en los Tribunales de lo Penal ni en las Divisiones Penales de los Tribunales de Distrito. Sin embargo, mientras que una mayoría de 2/3 es necesaria para una condena en los tribunales de lo Penal y cada juez tiene un voto, el voto del presidente cuenta por dos en caso de que haya desacuerdo sobre la altura o la calidad de la sentencia que se impondrá.
Hay tres tipos de tribunales que se consideran de "jurisdicción especial". Estos tipos de tribunales incluyen los Tribunales de Familia, los Tribunales de Conflictos Laborales y los Tribunales de Control de Rentas.
Los Tribunales de Familia tienen jurisdicción exclusiva cuando se trata de disputas de derecho de familia. Los Tribunales de Familia tienen jurisdicción exclusiva para determinar las peticiones de divorcio, custodia de los hijos, pensión alimenticia y disputas de propiedad entre cónyuges cuando las partes son miembros de la Iglesia Ortodoxa Griega. Si las partes pertenecen a uno de los otros grupos religiosos, la jurisdicción corresponde al Tribunal de Familia para Grupos Religiosos. Hay tres Tribunales de Familia, uno para Nicosia y Kyrenia, uno para Limassol y Paphos y otro para Larnaca y Famagusta. También hay un Tribunal de Familia para Grupos Religiosos, con sede en Nicosia. Los casos son escuchados y resueltos por un solo juez, excepto las peticiones de divorcio que son examinadas y resueltas por un tribunal compuesto por tres jueces.
El Tribunal de Conflictos Laborales tiene jurisdicción exclusiva para determinar asuntos que surjan de la terminación del empleo, como el pago de una indemnización. El Tribunal de Conflictos Laborales tiene jurisdicción para resolver cualquier reclamo que surja de la aplicación de la Ley de Protección a la Maternidad, casos de trato desigual o acoso sexual en el lugar de trabajo y disputas entre los Fondos de Previsión y sus afiliados. El Tribunal de Conflictos Laborales está compuesto por un presidente o un juez, que es miembro del poder judicial, y dos miembros laicos nombrados por recomendación de los sindicatos de empleadores y de empleados. Los laicos tienen un papel puramente consultivo. Actualmente existen tres Tribunales Industriales en la República, con sede en Nicosia y Larnaca y Limassol.
Finalmente, los Tribunales de Control de Rentas tienen jurisdicción sobre los arrendamientos, asuntos relacionados con la recuperación de la posesión de propiedad alquilada controlada y la determinación de la renta justa, así como cualquier otro asunto incidental. Cada Tribunal de Control de Rentas (de los cuales hay actualmente dos, uno para Larnaca y Nicosia y otro para Limassol y Paphos) está compuesto por un presidente, que es miembro del Poder Judicial, y dos miembros laicos nombrados por las asociaciones de inquilinos y propietarios. Los laicos tienen un papel puramente consultivo.
El derecho administrativo de Chipre se basa en el artículo 146 de la Constitución, que permite la revisión judicial de los actos administrativos ejecutables. Hasta hace poco, la competencia de la revisión judicial estaba reservada a la jurisdicción exclusiva de la Corte Suprema. En 2015 se aprobó una nueva ley que instituyó un Tribunal Administrativo compuesto por cinco jueces. Este funcionará como Tribunal administrativo de primera instancia.